En estos últimos años en España, hemos vivido una desmesurada e incontrolada explotación del territorio. Se ha construido de manera irracional, por encima de las necesidades reales de la población. Ésta expansión urbanística, que en muchas ocasiones ha estado ligada a la especulación y a la corrupción, no ha tenido en consideración al territorio como referente identitario, cultural o medioambiental. Tampoco se ha contado con la participación democrática de la población implicada o afectada. La mala práctica, por lo tanto, se ha alejado de la concepción del territorio como nueva dimensión de la política europea.
En el 2001 la Comisión plasmó en el Libro Blanco sobre la Gobernanza la necesidad de que se produzca un acercamiento de los ciudadanos a las instituciones comunitarias. Se pretende la participación de los distintos actores involucrados en el territorio, tanto en el proceso de formulación como en la puesta en práctica de las políticas europeas. Por lo tanto, lo que se persigue es conseguir adaptar las políticas públicas al territorio y no al contrario, y para ello se necesita la implicación de la ciudadanía y de las distintas administraciones que operan en éste.
Pero las prácticas llevadas a cabo en nuestro país, se han distanciado de esta nueva manera de entender y gestionar las políticas públicas. Se han producido muchas situaciones nefastas e irreversibles, donde solo se ha pensado en obtener grandes beneficios económicos a corto plazo, sin pensar en el daño que se estaba causando al territorio. La organización estatal también ha influido en este mal hacer; ya que el Estado no cuenta con mecanismos de cooperación y colaboración eficaces entre los distintos entes que participan en las políticas con impacto territorial.
España, a pesar de ser una democracia todavía joven, ha vivido un gran proceso descentralizador. Se ha pasado en muy pocos años de un Estado centralista y unitario a convertirse en uno de los países más descentralizados de todo el mundo. La aparición de las Comunidades Autónomas como nuevo ente territorial y administrativo, ha provocado un continuo traspaso de competencias del Estado a éstas. El Estado ha ido perdiendo competencias a favor de las Comunidades Autónomas, sin embargo, este fenómeno no ha beneficiado a otro ente administrativo mucho más cercano a los ciudadanos; el municipio.
La Administración más cercana al ciudadano es la local, por lo tanto lo lógico es que esa descentralización, a la cual hemos hecho referencia anteriormente, se repita ahora entre las Comunidades Autónomas y los municipios. Los entes locales españoles necesitan un mayor grado de autonomía; se debe de revisar sus competencias, organización y formas de financiación. Pero las Comunidades Autónomas parecen ser reacias a despojarse de competencias y traspasarlas a las corporaciones locales. Esto es más palpable en aquellas comunidades gobernadas por partidos nacionalistas, ya que utilizan la administración autonómica para crear o fomentar identidades y llevar a cabo políticas que les diferencien del resto de regiones. Otra de las causas que se señalan a la hora de explicar el por qué no se ha producido un traspaso importante de competencias a los municipios, lo podemos encontrar en el inframunicipalismo; en España contamos con multitud de municipios, y la mayoría de ellos cuenta con una población muy pequeña. Esto hace que no tengan la capacidad suficiente para llevar a cabo ciertos servicios y gestionar distintas políticas.
En nuestra Comunidad Autónoma, durante la 7ª Asamblea general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, celebrada en noviembre del 2007, se recoge esta necesidad de cambiar la situación actual de los entes locales. Se apuesta por una mayor autonomía, un mejor reparto de competencias y una mayor participación ciudadana. Además se considera el marco local como el idóneo para llevar a cabo la concertación social.
No solo es necesario que se produzca un traspaso lógico de competencias entre los distintos entes territoriales que conforman el Estado, sino también es de vital importancia que existan mecanismos de colaboración y coordinación entre éstos. Y en nuestro país no se han creado mecanismos eficaces, que permitan esta cooperación entre distintas administraciones. Una de las razones podría ser que la descentralización estatal se ha producido en muy pocos años a un ritmo importante; esta rapidez ha provocado que todavía no se hayan creado unos instrumentos acertados para la coordinación y colaboración.
Pero las administraciones públicas no solo deberían de trabajar sobre la creación de mecanismos de cooperación y coordinación entre ellas, sino que deben de potenciar la participación ciudadana. La población española participa muy poco en el ámbito político y social. Esto lo podemos comprobar si tomamos por ejemplo los datos de afiliación a partidos políticos o sindicatos; nuestro país presenta uno de los índices más bajos de afiliación de todas las democracias occidentales. Tampoco las asociaciones, los colegios profesionales… y otras formas de asociacionismo tienen mucho éxito entre la mayoría de los ciudadanos. Gran parte de la sociedad española se siente ajena a las instituciones y ven con apatía a ciertas organizaciones políticas y sociales. Para combatir este desencanto, sería fundamental que las distintas administraciones trabajasen para que dicha percepción del ciudadano pudiese cambiar e incentivar su participación en el territorio. Todo esto es primordial para poder llevar a cabo una buena gobernanza, ya que la implicación civil en este modelo de hacer política es fundamental.
En el ámbito andaluz, el concepto de gobernanza ha sido plasmado en varias normativas. Sin ir más lejos, y centrándonos en el tema sociolaboral, el nuevo modelo de ordenación territorial y organizativo del Servicio Andaluz de Empleo (Orden 2 de Octubre de 2008, de la Consejería de Empleo), recoge este modelo de participación y se destaca la importancia que tiene el territorio.
Por todo lo dicho anteriormente, podemos comprobar que en España todavía estamos lejos de llevar a cabo una buena práctica de esa gobernanza que se pretende desde instancias comunitarias. En muchos casos no va más allá de una mera declaración de intenciones. Eso no quita que se haya realizado algunas experiencias interesantes. Pero en general, todavía queda mucho por hacer. Debe de haber una mayor implicación de las administraciones públicas y de los ciudadanos, se debe de acabar con la descoordinación existente y fomentar la colaboración y cooperación entre los distintos niveles de autoridad que están presentes en el territorio. Este desafío y responsabilidad nos concierne a todos, de ahí la gran importancia que tiene la participación de todos los actores sociales. En definitiva; hay que trabajar mucho para impulsar la gobernanza interna para así contribuir posteriormente a una mundial como pretende la Comisión Europea.
En el 2001 la Comisión plasmó en el Libro Blanco sobre la Gobernanza la necesidad de que se produzca un acercamiento de los ciudadanos a las instituciones comunitarias. Se pretende la participación de los distintos actores involucrados en el territorio, tanto en el proceso de formulación como en la puesta en práctica de las políticas europeas. Por lo tanto, lo que se persigue es conseguir adaptar las políticas públicas al territorio y no al contrario, y para ello se necesita la implicación de la ciudadanía y de las distintas administraciones que operan en éste.
Pero las prácticas llevadas a cabo en nuestro país, se han distanciado de esta nueva manera de entender y gestionar las políticas públicas. Se han producido muchas situaciones nefastas e irreversibles, donde solo se ha pensado en obtener grandes beneficios económicos a corto plazo, sin pensar en el daño que se estaba causando al territorio. La organización estatal también ha influido en este mal hacer; ya que el Estado no cuenta con mecanismos de cooperación y colaboración eficaces entre los distintos entes que participan en las políticas con impacto territorial.
España, a pesar de ser una democracia todavía joven, ha vivido un gran proceso descentralizador. Se ha pasado en muy pocos años de un Estado centralista y unitario a convertirse en uno de los países más descentralizados de todo el mundo. La aparición de las Comunidades Autónomas como nuevo ente territorial y administrativo, ha provocado un continuo traspaso de competencias del Estado a éstas. El Estado ha ido perdiendo competencias a favor de las Comunidades Autónomas, sin embargo, este fenómeno no ha beneficiado a otro ente administrativo mucho más cercano a los ciudadanos; el municipio.
La Administración más cercana al ciudadano es la local, por lo tanto lo lógico es que esa descentralización, a la cual hemos hecho referencia anteriormente, se repita ahora entre las Comunidades Autónomas y los municipios. Los entes locales españoles necesitan un mayor grado de autonomía; se debe de revisar sus competencias, organización y formas de financiación. Pero las Comunidades Autónomas parecen ser reacias a despojarse de competencias y traspasarlas a las corporaciones locales. Esto es más palpable en aquellas comunidades gobernadas por partidos nacionalistas, ya que utilizan la administración autonómica para crear o fomentar identidades y llevar a cabo políticas que les diferencien del resto de regiones. Otra de las causas que se señalan a la hora de explicar el por qué no se ha producido un traspaso importante de competencias a los municipios, lo podemos encontrar en el inframunicipalismo; en España contamos con multitud de municipios, y la mayoría de ellos cuenta con una población muy pequeña. Esto hace que no tengan la capacidad suficiente para llevar a cabo ciertos servicios y gestionar distintas políticas.
En nuestra Comunidad Autónoma, durante la 7ª Asamblea general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, celebrada en noviembre del 2007, se recoge esta necesidad de cambiar la situación actual de los entes locales. Se apuesta por una mayor autonomía, un mejor reparto de competencias y una mayor participación ciudadana. Además se considera el marco local como el idóneo para llevar a cabo la concertación social.
No solo es necesario que se produzca un traspaso lógico de competencias entre los distintos entes territoriales que conforman el Estado, sino también es de vital importancia que existan mecanismos de colaboración y coordinación entre éstos. Y en nuestro país no se han creado mecanismos eficaces, que permitan esta cooperación entre distintas administraciones. Una de las razones podría ser que la descentralización estatal se ha producido en muy pocos años a un ritmo importante; esta rapidez ha provocado que todavía no se hayan creado unos instrumentos acertados para la coordinación y colaboración.
Pero las administraciones públicas no solo deberían de trabajar sobre la creación de mecanismos de cooperación y coordinación entre ellas, sino que deben de potenciar la participación ciudadana. La población española participa muy poco en el ámbito político y social. Esto lo podemos comprobar si tomamos por ejemplo los datos de afiliación a partidos políticos o sindicatos; nuestro país presenta uno de los índices más bajos de afiliación de todas las democracias occidentales. Tampoco las asociaciones, los colegios profesionales… y otras formas de asociacionismo tienen mucho éxito entre la mayoría de los ciudadanos. Gran parte de la sociedad española se siente ajena a las instituciones y ven con apatía a ciertas organizaciones políticas y sociales. Para combatir este desencanto, sería fundamental que las distintas administraciones trabajasen para que dicha percepción del ciudadano pudiese cambiar e incentivar su participación en el territorio. Todo esto es primordial para poder llevar a cabo una buena gobernanza, ya que la implicación civil en este modelo de hacer política es fundamental.
En el ámbito andaluz, el concepto de gobernanza ha sido plasmado en varias normativas. Sin ir más lejos, y centrándonos en el tema sociolaboral, el nuevo modelo de ordenación territorial y organizativo del Servicio Andaluz de Empleo (Orden 2 de Octubre de 2008, de la Consejería de Empleo), recoge este modelo de participación y se destaca la importancia que tiene el territorio.
Por todo lo dicho anteriormente, podemos comprobar que en España todavía estamos lejos de llevar a cabo una buena práctica de esa gobernanza que se pretende desde instancias comunitarias. En muchos casos no va más allá de una mera declaración de intenciones. Eso no quita que se haya realizado algunas experiencias interesantes. Pero en general, todavía queda mucho por hacer. Debe de haber una mayor implicación de las administraciones públicas y de los ciudadanos, se debe de acabar con la descoordinación existente y fomentar la colaboración y cooperación entre los distintos niveles de autoridad que están presentes en el territorio. Este desafío y responsabilidad nos concierne a todos, de ahí la gran importancia que tiene la participación de todos los actores sociales. En definitiva; hay que trabajar mucho para impulsar la gobernanza interna para así contribuir posteriormente a una mundial como pretende la Comisión Europea.
